La Suprema Corte abrió una consulta pública para definir el primer reglamento sobre inteligencia artificial en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa promueve el uso responsable de estas herramientas, pero establece límites claros para garantizar que las decisiones judiciales sigan estando exclusivamente en manos de las personas.
La inteligencia artificial ya comenzó a transformar la forma en que trabajan empresas, universidades y organismos públicos. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dio un paso para incorporar esa tecnología al ámbito judicial, aunque bajo un esquema de reglas específicas destinadas a preservar la transparencia, la seguridad y la responsabilidad institucional.
El máximo tribunal bonaerense aprobó un proyecto de reglamento para el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial y abrió una consulta pública que permanecerá vigente hasta el 7 de agosto de 2026. Durante ese período podrán realizar aportes magistrados, funcionarios, colegios profesionales, universidades, especialistas y ciudadanos interesados en la regulación.
Una herramienta para asistir, no para reemplazar
El proyecto parte de una premisa clara: la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta útil para optimizar tareas administrativas, agilizar procesos, organizar información y colaborar con la gestión judicial, pero nunca podrá sustituir el criterio humano en aquellas funciones que son propias de jueces y funcionarios.
Por ese motivo, el reglamento establece que la función jurisdiccional es indelegable e insustituible y determina que los sistemas de inteligencia artificial no podrán:
- Dictar sentencias.
- Resolver causas judiciales.
- Valorar pruebas.
- Elaborar el razonamiento jurídico que fundamenta una decisión.
La responsabilidad sobre cada actuación continuará recayendo exclusivamente en los operadores judiciales, quienes deberán revisar, validar y asumir el contenido de cualquier documento elaborado con asistencia de herramientas de inteligencia artificial.
Protección de datos y uso responsable
Otro de los ejes del proyecto apunta a la protección de la información judicial. La propuesta establece que las herramientas de inteligencia artificial deberán utilizarse respetando criterios de confidencialidad, seguridad informática y protección de datos personales, especialmente cuando se trate de información sensible o expedientes judiciales.
En ese marco, el reglamento prevé restricciones para el uso de plataformas de inteligencia artificial de acceso abierto cuando puedan comprometer información protegida, privilegiando soluciones que cumplan con estándares adecuados de seguridad y gobernanza tecnológica.
Una Comisión para definir el futuro de la IA judicial
La Suprema Corte también dispuso la creación de una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, que tendrá a su cargo la elaboración de lineamientos técnicos, la evaluación de nuevas herramientas y el análisis de los aportes recibidos durante la consulta pública.
El objetivo es construir un marco normativo que permita aprovechar el potencial de la inteligencia artificial sin afectar principios esenciales del servicio de Justicia, como la imparcialidad, la transparencia, la protección de derechos y el control humano sobre las decisiones.
Un debate que recién comienza
La iniciativa convierte a la Provincia de Buenos Aires en uno de los primeros poderes judiciales del país en avanzar hacia una regulación específica sobre inteligencia artificial. Más que limitar la incorporación de estas tecnologías, el proyecto busca establecer reglas claras para su utilización, en un contexto donde la IA comienza a formar parte de la transformación digital de las instituciones públicas.
El proceso de consulta pública permitirá enriquecer la propuesta antes de su aprobación definitiva y abrir un debate que excede al ámbito judicial: cómo integrar la inteligencia artificial en el Estado sin perder de vista la responsabilidad humana, la transparencia y la protección de los derechos de las personas.
