El Gobierno bonaerense comenzó a formalizar su enfoque sobre inteligencia artificial, con lineamientos que buscan fortalecer el control estatal sobre los datos y la infraestructura tecnológica.
En los últimos días, la Provincia de Buenos Aires difundió una serie de definiciones estratégicas en torno al uso de inteligencia artificial dentro del Estado. El eje central de la propuesta gira en torno a la idea de soberanía digital, entendida como la capacidad del sector público de administrar, procesar y resguardar información sin depender completamente de soluciones externas.
El planteo, impulsado desde la Subsecretaría de Gobierno Digital, busca ordenar el crecimiento de herramientas basadas en IA en distintos organismos, estableciendo criterios comunes para su implementación. Esto incluye aspectos vinculados a la gobernanza de datos, la trazabilidad de los sistemas y la protección de la información sensible.
Más allá de lo técnico, el enfoque también tiene una dimensión política: definir hasta qué punto el Estado debe desarrollar capacidades propias frente al avance de grandes proveedores tecnológicos. En ese marco, la inteligencia artificial aparece no solo como una herramienta de eficiencia, sino como un factor clave en la autonomía digital de la Provincia.
El desafío ahora pasa por traducir estos lineamientos en implementaciones concretas, en un contexto donde la adopción tecnológica avanza más rápido que las regulaciones.
