Un proyecto de ley propone incorporar por primera vez la violencia digital a la normativa vigente y adaptar las herramientas judiciales a los nuevos escenarios tecnológicos, donde las redes sociales, las plataformas digitales y la inteligencia artificial modificaron la forma en que se producen las agresiones.
La transformación digital cambió la manera de trabajar, estudiar y comunicarse, pero también abrió la puerta a nuevas formas de violencia que muchas veces encuentran escasa respuesta en la legislación vigente. En ese contexto, la Legislatura bonaerense comenzó a debatir un proyecto de ley que busca reconocer formalmente la violencia digital como una modalidad específica dentro de la Ley 12.569 de Violencia Familiar.
La iniciativa, presentada por la senadora Mónica Macha, propone actualizar el marco legal para incorporar situaciones que hoy forman parte de la vida cotidiana de millones de personas y que ocurren a través de redes sociales, servicios de mensajería, plataformas digitales y otras tecnologías de la información. El objetivo es brindar herramientas judiciales acordes a una problemática que creció al ritmo de la digitalización de la sociedad.
Cuando la violencia también ocurre en línea
El proyecto define como violencia digital a toda conducta realizada mediante tecnologías de la información y la comunicación que afecte la dignidad, la intimidad, la identidad, la libertad o la seguridad de una persona.
Entre las situaciones contempladas se encuentran la difusión de imágenes o videos íntimos sin consentimiento, el hostigamiento y las amenazas a través de redes sociales, la extorsión digital, el acceso ilegítimo a cuentas de correo electrónico o plataformas, el espionaje de dispositivos, la vulneración de perfiles personales y otras prácticas que utilizan herramientas tecnológicas para causar daño.
La iniciativa también incorpora una mirada sobre los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, como la manipulación de imágenes y videos mediante inteligencia artificial, una práctica conocida como deepfake, que en los últimos años comenzó a multiplicarse en todo el mundo y genera crecientes desafíos para los sistemas judiciales y regulatorios.
Adaptar la ley a una realidad digital
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que no solo incorpora una nueva definición jurídica, sino que también actualiza las herramientas de protección disponibles para las víctimas.
Entre las medidas que podrían adoptarse se encuentran la orden de cesar el hostigamiento mediante medios digitales, la prohibición de contacto a través de plataformas tecnológicas, la solicitud de remoción de contenidos publicados en internet, la preservación de pruebas digitales y la realización de peritajes informáticos cuando resulten necesarios para la investigación.
El objetivo es que la respuesta judicial pueda actuar con mayor rapidez frente a situaciones que, por la velocidad con la que circula la información en internet, pueden provocar daños prácticamente inmediatos.
Una agenda tecnológica que llega a la Legislatura
La presentación del proyecto refleja un fenómeno que se observa en distintos países: la necesidad de actualizar las normas para responder a conflictos que nacieron con la expansión del mundo digital.
La masificación de las redes sociales, el crecimiento de los delitos informáticos y el avance de herramientas basadas en inteligencia artificial obligan a repensar conceptos tradicionales del derecho vinculados con la privacidad, la identidad, la seguridad y la protección de las personas en los entornos digitales.
En ese escenario, la discusión legislativa deja de ser exclusivamente jurídica para convertirse también en un debate sobre tecnología, innovación y ciudadanía digital.
Un debate que recién comienza
El proyecto deberá ahora atravesar el tratamiento parlamentario en las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto. Más allá del resultado legislativo, la iniciativa pone sobre la mesa un tema que gana cada vez más relevancia: cómo adaptar las leyes a una sociedad donde buena parte de la vida personal, laboral y social transcurre en el mundo digital.
Para la agenda tecnológica, el desafío ya no pasa únicamente por impulsar la innovación, sino también por construir marcos regulatorios capaces de proteger derechos en un entorno que evoluciona mucho más rápido que las normas. Esa discusión ya comenzó a instalarse en la Legislatura y promete convertirse en uno de los debates tecnológicos de los próximos meses.
