Un informe técnico del propio Ministerio de Transporte detectó cientos de miles de infracciones cargadas sin valor y problemas para reconstruir su trazabilidad. La Provincia avanzó con una auditoría del sistema informático que administra las fotomultas, mientras Martín Marinucci comienza a proyectarse políticamente hacia Morón en 2027.
El sistema informático que concentra las infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires quedó bajo la lupa después de que documentación del propio Ministerio de Transporte revelara la existencia de alrededor de 682 mil actas registradas con valor cero dentro del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT).
El dato surge de documentación vinculada al expediente EX-2026-02102599-GDEBA-DSTECMTRAGP y fue expuesto en un informe técnico elaborado por el director de Informática y Tecnología del Ministerio de Transporte bonaerense, Pablo Hernán Guarino, como fundamento para avanzar con una auditoría integral de la plataforma.
La situación incluso llegó a la Legislatura bonaerense. Un pedido de informes presentado en el Senado solicitó al Ejecutivo que explique cuántas actas con valor cero existen, durante qué períodos se produjeron las irregularidades y cuáles fueron sus causas técnicas, administrativas o humanas.
Pero el planteo legislativo fue más allá: también pidió conocer los mecanismos de control, trazabilidad y seguridad informática del SACIT, particularmente las herramientas existentes para impedir modificaciones o eliminaciones irregulares de infracciones.
Qué significa tener cientos de miles de actas “en cero”
El problema excede el número.
El SACIT es una pieza central de la infraestructura tecnológica con la que la Provincia administra las infracciones de tránsito. Por allí se procesa información vinculada a fotomultas y actas que después pueden derivar en sanciones económicas.
La existencia de cientos de miles de registros sin monto asignado abre entonces un interrogante sobre la calidad y trazabilidad de la información almacenada.
La cuestión es especialmente sensible porque no alcanza con determinar que una infracción tiene valor cero: una auditoría debería permitir reconstruir por qué llegó a esa situación, quién intervino sobre el registro, cuándo ocurrió y qué modificaciones atravesó durante su ciclo de vida.
Precisamente por eso, la discusión dejó de ser exclusivamente administrativa y pasó al terreno de la infraestructura tecnológica y la seguridad de la información.
El responsable informático pidió una auditoría
Guarino ocupa desde marzo de 2025 la Dirección de Informática y Tecnología dependiente de la estructura de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte.
Su designación fue formalizada mediante la resolución 90/2025 y, de acuerdo con la estructura oficial de la cartera, entre las responsabilidades del área informática se encuentra el funcionamiento tecnológico asociado al sistema de infracciones.
Frente a las inconsistencias detectadas, el Ministerio inició el proceso administrativo para avanzar con una auditoría técnica integral.
Ese procedimiento debería permitir establecer qué ocurrió con los registros cuestionados y, fundamentalmente, determinar si el problema responde a deficiencias en el diseño del sistema, errores operativos, intervenciones administrativas o algún otro tipo de irregularidad.
Un sistema crítico que necesita respuestas
El episodio pone sobre la mesa una discusión que trasciende a las fotomultas.
Cuando el Estado digitaliza procesos que pueden terminar determinando una deuda, una sanción o una restricción para un ciudadano, la trazabilidad de los datos deja de ser un detalle técnico. Se convierte en una condición básica de transparencia.
Quién puede modificar un registro, qué permisos posee cada usuario, cuánto tiempo quedan almacenados los cambios, qué mecanismos de auditoría existen y si es posible reconstruir cada intervención son preguntas centrales para cualquier plataforma pública de estas características.
En este caso, además, las dudas ya llegaron formalmente a la Legislatura.
Marinucci, entre Transporte y la carrera por Morón
El problema tecnológico aparece además en un momento particular para la conducción política del Ministerio.
Mientras Transporte deberá dar respuestas sobre el funcionamiento del SACIT, Martín Marinucci ya comenzó a exteriorizar sus aspiraciones para competir por la intendencia de Morón en 2027.
En julio, el propio ministro volvió a referirse públicamente a esa posibilidad y confirmó que mantiene conversaciones con el actual intendente Lucas Ghi sobre el futuro político del distrito.
La candidatura no implica por sí misma un abandono de sus responsabilidades provinciales. Pero instala inevitablemente un contraste político: mientras Marinucci construye su proyección territorial hacia 2027, una de las plataformas tecnológicas sensibles que funcionan bajo la órbita de su Ministerio enfrenta cuestionamientos que obligaron a impulsar una auditoría.
Para la Provincia, el desafío ahora será menos discursivo que técnico: explicar qué ocurrió con las aproximadamente 682 mil actas en cero, determinar si puede reconstruirse su trazabilidad y garantizar que el sistema que administra las infracciones de tránsito bonaerenses cuente con controles suficientes para evitar nuevas inconsistencias.
