Mientras el Gobierno de Axel Kicillof levanta la bandera de la soberanía tecnológica, detrás de los sistemas críticos de la Provincia funciona un entramado de multinacionales, empresas locales, consultoras, integradores, licencias y contrataciones cuya dimensión económica resulta difícil de reconstruir. GDEBA, ARBA, IBM, Red Hat, Huawei y Optaris permiten asomarse a un negocio mucho más amplio, atravesado además por otra discusión sensible: quién controla la infraestructura y hasta dónde pueden llegar los privados en sistemas que procesan datos de millones de bonaerenses.
El Gobierno bonaerense convirtió la soberanía digital en una de las banderas de su discurso tecnológico. La idea aparece asociada al control estatal de los datos, el desarrollo de capacidades propias y una menor dependencia de actores externos. Pero detrás de esa definición política funciona todos los días una maquinaria mucho más compleja: servidores, licencias, software, bases de datos, mantenimiento, telecomunicaciones, infraestructura, ciberseguridad, consultoría, servicios profesionales, integraciones y miles de horas de programación contratadas para sostener sistemas sin los cuales buena parte del Estado directamente dejaría de funcionar.
Ese universo mueve millones y está repartido entre ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas, licitaciones, convenios marco, órdenes de compra, ampliaciones, prórrogas y proyectos financiados mediante organismos internacionales. El problema no está necesariamente en cada contratación tomada individualmente, sino en la dificultad para observarlas todas juntas. La documentación analizada permite encontrar operaciones, proveedores y presupuestos concretos, pero no una cuenta consolidada que muestre cuánto gastó efectivamente la Provincia en tecnología durante 2024, durante 2025 o a lo largo de toda la administración de Axel Kicillof.
Allí empieza la denominada caja tecnológica bonaerense: no como la descripción automática de una irregularidad, sino como un enorme volumen de recursos públicos cuya dimensión integral resulta extraordinariamente difícil de reconstruir desde afuera.
Una caja difícil de mirar desde afuera
La tecnología tiene una característica que la vuelve particularmente opaca para el control público. Una ruta tiene kilómetros, una construcción tiene metros cuadrados y determinados bienes permiten realizar comparaciones de precios relativamente sencillas. En cambio, establecer cuánto debería costar mantener una plataforma, migrar una arquitectura informática, actualizar una base de datos o desarrollar una integración requiere conocimientos técnicos que buena parte de quienes acceden a una contratación no tienen.
A esa dificultad se suma la fragmentación administrativa. Un mismo ecosistema tecnológico puede acumular durante años contratos de mantenimiento, nuevas licencias, ampliaciones, actualizaciones, infraestructura y servicios profesionales contratados por distintas áreas. Incluso cuando los documentos están formalmente disponibles, reconstruir la historia completa exige conocer números de expediente, reparticiones, nomenclaturas y mecanismos administrativos. La información puede ser pública y, al mismo tiempo, seguir siendo difícilmente accesible para quien intenta dimensionar el gasto.
La paradoja es evidente: el Estado bonaerense avanzó durante años en la digitalización de sus procedimientos, pero conocer cuánto cuesta esa digitalización todavía puede requerir recorrer una enorme cantidad de expedientes y órdenes de compra.
GDEBA: $692 millones para sostener el corazón documental del Estado
GDEBA es probablemente uno de los ejemplos más claros. Gestión Documental Electrónica Buenos Aires se convirtió en una infraestructura central de la administración provincial. Por allí circulan expedientes, resoluciones, contratos, informes y actos administrativos; en definitiva, una parte significativa de la memoria burocrática y jurídica del Estado bonaerense.
En 2024, el Ministerio de Gobierno lanzó la Licitación Pública 29-0405-LPU24 destinada a contratar soporte y mantenimiento de bases de datos y servidores, además del desarrollo correctivo, preventivo y adaptativo de las aplicaciones que integran GDEBA. El presupuesto oficial alcanzó los $692,58 millones por doce meses, con posibilidad de prórroga por otro período igual.
La cifra permite dimensionar apenas una fotografía dentro de una historia mucho más larga. GDEBA lleva años de implementación, mantenimiento, evolución y transformación, y el propio sistema continúa atravesando procesos de modernización y extensión hacia los municipios. Para conocer su costo real habría que sumar sucesivamente infraestructura, desarrollos, soporte, consultoría, mantenimiento y todas las intervenciones contratadas desde su puesta en marcha.
El pliego citado en la documentación también permite observar otro aspecto del problema. El proveedor adjudicado no se limita a entregar un producto cerrado: debe adquirir conocimiento sobre la plataforma, intervenir sobre componentes y código, trabajar con bases de datos y servidores y participar del mantenimiento de aplicaciones que alimentan otros subsistemas provinciales. Es una relación mucho más profunda que la compra convencional de equipamiento y muestra por qué, en materia tecnológica, discutir solamente el monto de una licitación deja afuera una parte sustancial de la cuestión.
El verdadero número de GDEBA no son únicamente esos $692 millones. Es todo lo que la Provincia destinó durante años a desarrollarlo, sostenerlo y transformarlo. Ese consolidado no aparece expuesto de manera sencilla en el material analizado.
IBM y ARBA: el costo de una dependencia que atravesó los años
La relación entre ARBA e IBM permite observar otra dimensión del problema: la dependencia tecnológica acumulada. No se trata de una relación nacida con Kicillof ni de una contratación aislada de la actual gestión. Los antecedentes se remontan a administraciones anteriores y muestran cómo determinadas arquitecturas pueden quedar incorporadas durante años al funcionamiento cotidiano de un organismo.
En 2017, por ejemplo, ARBA adjudicó una contratación que incluía actualización, mantenimiento y reparación de software IBM, junto con arrendamiento y soporte de licencias. Uno de los renglones superaba los US$3,5 millones. Años después, la presencia de esa tecnología seguía siendo visible: en 2025, ARBA volvió a licitar el mantenimiento técnico de equipamiento IBM y Lenovo.
Pero el documento más interesante no es necesariamente el que muestra una nueva contratación, sino el que reconoce la necesidad de cambiar. Dentro de un proceso de renovación tecnológica, la propia Agencia estableció entre los trabajos requeridos la migración de sistemas implementados sobre Mainframe IBM y tecnologías Natural/Adabas hacia tecnologías abiertas.
Ese movimiento expone uno de los riesgos clásicos de cualquier organización que depende durante demasiado tiempo de un determinado ecosistema: el vendor lock-in, es decir, la dificultad técnica y económica de abandonar una tecnología una vez que procesos, sistemas, conocimiento y operación quedaron construidos alrededor de ella.
Nada de eso supone una irregularidad de IBM. El interrogante es sobre la planificación estatal. La Provincia pagó durante años para operar sobre determinadas arquitecturas y ahora debe invertir para migrar parte de ellas hacia tecnologías abiertas. El costo tecnológico, por lo tanto, no está solamente en comprar o mantener una solución; también puede estar en el precio que finalmente hay que pagar para dejar de depender de ella.
Y allí la discusión sobre soberanía digital deja de ser abstracta. Un Estado puede ser jurídicamente propietario de sus bases de datos y, al mismo tiempo, encontrarse técnicamente condicionado por las plataformas, licencias y conocimientos necesarios para utilizarlas.
Convenios marco: cuando el gasto aparece de a pedazos
La fragmentación vuelve a aparecer con los convenios marco. Red Hat y Optaris son dos nombres que, de acuerdo con el material relevado, permiten observar este mecanismo dentro del ecosistema tecnológico provincial.
El instrumento tiene una lógica administrativa comprensible: se fijan determinadas condiciones generales y posteriormente diferentes organismos pueden realizar adquisiciones mediante órdenes de compra. El problema aparece cuando se intenta observar la dimensión económica completa. Conocer el convenio no necesariamente permite conocer cuánto terminó gastando todo el Estado a través de él.
Para llegar al número ejecutado es necesario reconstruir las órdenes de compra emitidas posteriormente por los distintos organismos, establecer cantidades, precios, períodos y eventuales ampliaciones. Una contratación que parece estar contenida en un instrumento determinado termina así desdoblada en múltiples operaciones administrativas.
Por eso la discusión sobre transparencia no debería agotarse en la publicación del convenio original. Una administración que pretende hacer trazable su gasto tecnológico podría publicar directamente el monto consolidado ejecutado por cada proveedor y por cada convenio marco. La información dejaría de aparecer de a pedazos y permitiría conocer qué compañías concentran efectivamente una porción relevante del presupuesto tecnológico bonaerense.
Multinacionales dentro de la soberanía bonaerense
IBM no es el único nombre internacional que aparece alrededor del Estado provincial. Red Hat forma parte del ecosistema tecnológico y Huawei introduce otra dimensión, vinculada con infraestructura, inteligencia artificial, nube y cooperación tecnológica.
La presencia de compañías internacionales no contradice automáticamente una política de soberanía digital. Pretender que una administración del tamaño de Buenos Aires pueda funcionar sin productos, conocimiento o infraestructura provistos por actores privados sería poco realista. La contradicción aparece cuando el concepto de soberanía queda reducido al discurso y no viene acompañado por información suficiente sobre el grado de dependencia respecto de cada tecnología.
El Gobierno debería saber no sólo qué sistemas posee, sino también cuánto le costaría sustituirlos, qué conocimiento permanece dentro del Estado y cuál queda concentrado en proveedores externos. La autonomía no depende únicamente de la titularidad jurídica sobre un activo. También depende de conservar la capacidad técnica para operarlo, modificarlo y eventualmente reemplazarlo.
Ese debate adquiere un componente todavía más sensible cuando detrás de la infraestructura no hay solamente aplicaciones administrativas sino información de millones de personas.
La otra caja: los datos de los bonaerenses
La Provincia administra información tributaria, sanitaria, patrimonial, vehicular y administrativa. En sus sistemas existen identidades, domicilios, empresas, expedientes y bases que permiten reconstruir una parte considerable de la relación de millones de bonaerenses con el Estado.
Por eso una auditoría integral del gasto tecnológico debería mirar dos cosas al mismo tiempo: el dinero y los datos. No alcanza con conocer cuánto cobra un proveedor. También importa comprender qué nivel de intervención técnica tiene sobre los sistemas en los que trabaja, bajo qué condiciones accede a entornos productivos, cómo se gestionan los accesos remotos, dónde se aloja la información, quién administra las claves y qué ocurre cuando finaliza la relación contractual.
Huawei representa un buen ejemplo de por qué esa información debería ser pública. La compañía china mantuvo encuentros institucionales con funcionarios bonaerenses para conversar sobre infraestructura tecnológica, inteligencia artificial, nube y cooperación, y existen antecedentes de infraestructura de la empresa dentro del ecosistema estatal. Eso, por sí solo, no demuestra que Huawei tenga acceso a información sensible de los bonaerenses, y el material analizado tampoco permite afirmarlo.
Precisamente por eso una política seria de soberanía digital debería despejar cualquier especulación mediante reglas y datos claros. La misma exigencia debería aplicarse a Huawei, IBM, Red Hat o cualquier proveedor nacional o extranjero que intervenga en infraestructura crítica. La discusión no debería construirse sobre el origen de una compañía, sino sobre el nivel de acceso y dependencia que el Estado acepta contractualmente.
El mapa empresarial que todavía falta
Mirada de esa manera, la investigación deja de consistir en buscar una supuesta “empresa amiga” y pasa a tener un objetivo mucho más concreto: reconstruir quiénes fueron los mayores beneficiarios privados del gasto tecnológico provincial desde diciembre de 2019.
El mapa debería incluir multinacionales, compañías argentinas consolidadas, integradores, desarrolladores, consultoras y proveedores locales. Trabajar para el Estado o crecer gracias a contratos públicos no constituye ninguna irregularidad. Pero cuando una empresa obtiene una parte significativa de su facturación del sector público, conocer cómo consiguió esas contrataciones, contra quién compitió y cuánto recibió acumuladamente es información relevante.
Un ranking de las 50 empresas tecnológicas que más dinero recibieron de la Provincia durante la gestión Kicillof permitiría transformar una discusión abstracta en información concreta. Proveedor, CUIT, beneficiarios finales, organismos contratantes, montos originales y finalmente ejecutados, ampliaciones, prórrogas, convenios marco, órdenes de compra y tecnología provista.
La documentación hoy permite observar árboles. Lo que falta es mostrar el bosque.
Bianco, la soberanía y el proyecto Axel 2027
Carlos Bianco queda políticamente en el centro de esta contradicción no porque sea quien firma todas las contrataciones tecnológicas de la administración bonaerense —no lo es— sino por el lugar que ocupa dentro de un Gobierno que convirtió la soberanía provincial y digital en parte de su identidad política. A eso se agrega su participación central en la construcción nacional que rodea a Axel Kicillof, junto con otros dirigentes del esquema del Gobernador como Andrés “Cuervo” Larroque.
Kicillof ya no construye únicamente dentro de Buenos Aires. Su proyecto tiene una dimensión nacional y 2027 aparece inevitablemente en el horizonte. Una estructura presidencial demanda organización, equipos, territorio, comunicación, actos, viajes, fiscalización y recursos económicos. A medida que esa construcción avance, el financiamiento será también objeto de escrutinio público.
En este punto es necesario separar los datos de las sospechas. La documentación analizada no aporta evidencia que vincule a IBM, Huawei, Red Hat, Optaris ni a los demás proveedores mencionados con el financiamiento irregular del proyecto político de Kicillof. Plantearlo como un hecho sería ir bastante más allá de lo que permite sostener la información disponible.
Eso no vuelve irrelevante el financiamiento político. Cuando se conozcan los aportantes de las futuras campañas, comparar esa información con las empresas, empresarios, accionistas o directivos que contrataron con el Estado será un ejercicio elemental de transparencia. Si no existen coincidencias relevantes, el cruce no mostrará nada. Si existen, deberán ser analizadas en función de datos concretos y no de insinuaciones.
Seguir el código y seguir la plata
La caja tecnológica bonaerense no necesita una teoría conspirativa para convertirse en una historia relevante. Alcanza con observar la escala del Estado, la sensibilidad de los sistemas involucrados y la dificultad existente para determinar cuánto dinero terminó recibiendo cada proveedor a lo largo de los años.
GDEBA muestra cuánto puede costar sostener una sola pieza crítica de la administración. ARBA permite observar cómo una arquitectura tecnológica puede generar dependencias que sobreviven a diferentes gobiernos. Los convenios marco exponen la fragmentación del gasto. Y la presencia de empresas nacionales y multinacionales obliga a discutir hasta dónde llega el control estatal sobre infraestructura y datos.
El Gobierno bonaerense hizo de la soberanía digital una bandera. Esa definición adquiere verdadero contenido cuando el Estado puede demostrar que conoce su propia infraestructura, conserva capacidades para administrarla, reduce dependencias difíciles de reemplazar y establece reglas claras para quienes intervienen sobre sus sistemas.
Pero también cuando permite saber cuánto cuesta.
Hoy las piezas de ese negocio pueden rastrearse en expedientes, licitaciones, órdenes de compra y convenios dispersos. Lo que todavía no aparece con la misma claridad es la fotografía completa: la dimensión económica acumulada y la concentración de ese gasto entre proveedores durante los años de gestión de Kicillof.
La Provincia construyó una enorme maquinaria digital para administrar el Estado y la información de millones de bonaerenses. Alrededor de esa maquinaria también creció un mercado privado de infraestructura, software, licencias, mantenimiento y consultoría.
La verdadera discusión sobre soberanía empieza cuando, además de controlar los datos y el código, el Estado puede abrir esa caja y mostrar quién hizo negocios con ella.
