La Provincia abrió un nuevo frente sobre el negocio financiero digital tras recibir 2.240 denuncias de consumidores. Mercado Pago aparece como principal apuntada, pero el expediente también alcanza a Ualá, Naranja Digital, Personal Pay, Brubank y Cencosud. El Gobierno bonaerense exigirá explicaciones sobre tasas, costo financiero y mecanismos de cobranza.
El Gobierno de Axel Kicillof decidió avanzar sobre uno de los negocios que más creció dentro del ecosistema fintech: los créditos ofrecidos directamente desde billeteras virtuales y plataformas digitales. A través de Defensa del Consumidor bonaerense, la Provincia anunció la apertura de un nuevo expediente a partir de 2.240 denuncias recibidas contra distintas compañías, con Mercado Pago como principal empresa bajo la lupa.
La medida fue presentada en La Plata por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Además de la billetera de Mercado Libre, el procedimiento alcanza a Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud, entre otras empresas que ofrecen productos financieros a través de canales digitales.
El punto central de la investigación estará puesto sobre una característica que explica buena parte del crecimiento de estos servicios: la posibilidad de acceder a financiamiento prácticamente de manera inmediata desde el celular. La Provincia quiere determinar qué información recibe realmente el usuario antes de aceptar esos préstamos, cómo se establecen las tasas y de qué manera se calcula el costo financiero total que finalmente termina pagando.
Según explicó Costa, entre los casos relevados aparecen tasas de interés que en determinadas operaciones superarían el 1.000%, además de denuncias vinculadas con falta de información suficiente sobre las condiciones de contratación y prácticas de hostigamiento a usuarios que ingresaron en mora.
Créditos en tres clics, bajo investigación
El expediente no se limitará exclusivamente a las tasas. Defensa del Consumidor analizará las publicidades de cuentas remuneradas, las ofertas de financiamiento dentro de las aplicaciones, los préstamos promocionados como operaciones que pueden resolverse “en tres clics” y la forma en que las empresas exhiben las condiciones económicas antes de que el usuario confirme una operación.
También quedarán bajo análisis las estrategias utilizadas para cobrar deudas y la integración entre comercio electrónico y servicios financieros. Este último punto resulta particularmente relevante en plataformas capaces de reunir dentro del mismo ecosistema la compra de un producto, el medio de pago y la oferta de crédito para financiarlo.
La Provincia exigirá que las compañías expliquen qué criterios utilizan para determinar las tasas de interés y cómo construyen el costo financiero total de los préstamos. Las empresas tendrán la posibilidad de presentar sus descargos antes de que Defensa del Consumidor determine si existieron infracciones.
En caso de comprobarse incumplimientos, las sanciones pueden alcanzar los $1.883 millones, además de obligar a las compañías a modificar o dejar sin efecto aquellas prácticas que sean consideradas abusivas.
La Provincia avanza por Defensa del Consumidor
El movimiento tiene, sin embargo, un límite institucional. La regulación del sistema financiero y de buena parte de la actividad fintech corresponde al Estado nacional y al Banco Central, por lo que el Gobierno bonaerense decidió intervenir utilizando las facultades que le otorga la legislación de Defensa del Consumidor.
Ese encuadre marca también el alcance de la ofensiva: la Provincia no puede regular directamente el negocio financiero de las billeteras, pero sí puede revisar la relación entre las compañías y los consumidores bonaerenses, especialmente en cuestiones vinculadas con publicidad, información contractual, cláusulas y prácticas comerciales.
No es el primer cruce. Costa señaló que una actuación previa del organismo provincial derivó durante agosto en modificaciones sobre algunas cláusulas utilizadas por Mercado Pago.
El nuevo expediente abre así otro capítulo en la relación entre el Estado bonaerense y las grandes plataformas tecnológicas. Esta vez, el foco no está puesto en el funcionamiento de las billeteras como medios de pago, sino en el creciente rol que asumieron como prestamistas digitales y en las condiciones bajo las cuales millones de usuarios acceden a crédito desde una aplicación.
En un contexto de pérdida de poder adquisitivo y mayor endeudamiento de los hogares, el crédito fintech se convirtió para muchos usuarios en una alternativa rápida frente al sistema bancario tradicional. La discusión que ahora abre la Provincia es hasta dónde esa facilidad tecnológica viene acompañada de información suficientemente clara sobre el verdadero costo de endeudarse.
