Mientras Kicillof volvió a modificar el régimen de los informáticos provinciales, ARBA mantiene un programa tecnológico presupuestado originalmente en USD 9,24 millones. Aunque las contrataciones se canalizan a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, casi USD 9 millones corresponden a recursos gubernamentales asignados a la propia Agencia. El esquema abre una discusión sobre cómo compra tecnología la Provincia, cuánto paga por administrarla y qué capacidad queda finalmente dentro del Estado.
El último día de agosto, Axel Kicillof firmó un decreto que, leído de manera aislada, podría pasar como una corrección administrativa más. El Decreto 1271/2026 volvió a modificar la Bonificación Especial por Función Informática (BEFI), el régimen creado en 2024 para mejorar los ingresos de determinados trabajadores tecnológicos de la Provincia. La nueva norma amplía las formas de acreditar capacitación, contempla situaciones de personal temporario y permite resolver expedientes que permanecían en trámite. La propia administración reconoce que la experiencia acumulada desde la implementación del sistema obligó a revisar algunas de sus previsiones.
Pero el decreto adquiere otra dimensión cuando se lo cruza con la manera en que uno de los organismos con mayor necesidad de infraestructura informática de la Provincia viene financiando su modernización. Mientras Buenos Aires todavía intenta ordenar el régimen de sus propios especialistas, ARBA ejecuta desde 2023 un proyecto tecnológico presupuestado originalmente en más de USD 9 millones, dentro del cual continúan apareciendo contrataciones de consultoría y servicios especializados.
El dato permite mirar algo más amplio que una discusión salarial: cómo está gastando la Provincia en tecnología y cuánto de esa inversión termina convirtiéndose en capacidad propia del Estado.
Casi USD 9 millones de la Provincia
El proyecto se denomina ARG/22/013, “Fortalecimiento estratégico de las herramientas tecnológicas y operativas de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires”, y funciona bajo la estructura del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Detrás del nombre técnico hay una mecánica bastante más sencilla. ARBA aporta los recursos para desarrollar un programa de modernización y utiliza el esquema del PNUD para ejecutar parte de las contrataciones necesarias.
Y ahí aparece uno de los principales datos del proyecto: el dinero es mayormente bonaerense.
El presupuesto original rondaba los USD 9,24 millones, de los cuales aproximadamente USD 8,97 millones correspondían a recursos gubernamentales asignados a ARBA. El proyecto contemplaba además cerca de USD 269.000 en costos de apoyo, equivalentes aproximadamente al 3% de esos recursos.
Es decir, no se trata de Naciones Unidas aportando USD 9 millones para financiar la transformación tecnológica de la Agencia. La Provincia pone prácticamente todos los recursos y utiliza la estructura del programa internacional para llevar adelante su ejecución.
Esto no implica por sí mismo ninguna irregularidad. El PNUD ofrece procedimientos, administración y herramientas para ejecutar proyectos públicos. La pregunta periodística es otra: qué obtiene concretamente ARBA a cambio de utilizar ese mecanismo cuando el dinero que se gasta ya pertenece al Estado bonaerense.
Si ARBA podía comprar, ¿por qué pagar para hacerlo por otra vía?
La pregunta cobra mayor relevancia por otro elemento incluido en la documentación del propio proyecto. Antes de avanzar con el esquema se realizó una evaluación sobre la capacidad de ARBA para gestionar adquisiciones y el resultado fue favorable: la Agencia fue considerada de riesgo bajo, con estructura, división de funciones y personal capacitado para administrar los procesos previstos.
Ese antecedente no invalida la utilización del PNUD, pero vuelve necesario conocer cuál es la ventaja concreta. Si el mecanismo permite conseguir mejores precios, acelerar procesos, incorporar estándares internacionales o contratar perfiles que de otra manera resultarían difíciles de obtener, esos beneficios deberían poder medirse frente al costo adicional previsto para utilizar esa estructura.
También queda abierta otra cuestión: qué controles provinciales vuelven a intervenir cuando, una vez aprobado el proyecto general, comienzan las contrataciones particulares. El programa internacional cuenta con sus propios procedimientos de seguimiento y auditoría, por lo que la discusión no pasa por sostener que las compras carecen de controles, sino por determinar cuáles corresponden al PNUD, cuáles conserva la Provincia y qué diferencias existen respecto del circuito habitual de contratación bonaerense.
ARBA vuelve a contratar sobre sistemas en los que ya viene invirtiendo
La discusión se vuelve más concreta al observar hacia dónde van algunas de las contrataciones. Una de las más recientes apunta al diseño e implementación de un modelo integral de gestión de identidades y accesos, es decir, la infraestructura que determina quién puede ingresar a los sistemas de la Agencia y qué permisos tiene dentro de ellos.
ARBA ya tiene antecedentes de inversión sobre esa problemática. Durante años utilizó soluciones propietarias, particularmente de Micro Focus, y posteriormente decidió avanzar hacia tecnologías abiertas como Keycloak y midPoint. Para realizar esa migración también recurrió a servicios especializados. Ahora vuelve a aparecer una consultoría integral vinculada con esa arquitectura.
Cada una de esas decisiones puede tener una justificación técnica diferente. El problema aparece cuando se observa la secuencia completa: implementación, licencias y mantenimiento, migración hacia nuevas herramientas y posteriormente nuevas contrataciones para continuar desarrollando la solución.
La pregunta, entonces, no es si ARBA debería contratar consultores. Un organismo que administra sistemas críticos y enormes volúmenes de información difícilmente pueda prescindir completamente de proveedores especializados. Lo que resulta relevante es cuánto conocimiento queda dentro del organismo después de cada contratación y cuánto necesita volver a comprar en la siguiente.
El diagnóstico que justificó el proyecto ya advertía el problema
La propia documentación con la que ARBA fundamentó el programa tecnológico permite profundizar esa contradicción. El diagnóstico identificaba problemas como software subutilizado, aplicaciones en desuso, falta de documentación de procedimientos, dificultades para compartir información entre áreas, poco involucramiento entre equipos y problemas para establecer prioridades y metodologías de trabajo.
Pero entre esas debilidades aparecía además una que conecta directamente con el decreto que Kicillof acaba de firmar: las dificultades para retener personal especializado y competir con los salarios del mercado tecnológico privado.
Es decir, cuando ARBA diseñó un proyecto de más de USD 9 millones para fortalecer su estructura tecnológica, ya reconocía que uno de sus problemas no estaba solamente en los sistemas que necesitaba comprar o modernizar. También estaba en las personas necesarias para operarlos.
Tres años después del inicio del proyecto y dos años después de la creación de la BEFI, la Provincia todavía está modificando el régimen con el que intenta mejorar las condiciones de esos trabajadores.
Mientras tanto, las contrataciones externas continúan.
De Qlik a las nuevas consultorías de datos
La misma discusión aparece en otra de las áreas centrales de ARBA: el procesamiento de información. La Agencia utiliza desde hace años herramientas como QlikView y Qlik Sense para explotación de datos, tableros y reportes. A pesar de esa experiencia acumulada, dentro del programa continúan impulsándose iniciativas vinculadas con integración y explotación de información.
Esto no significa necesariamente que ARBA esté contratando dos veces el mismo servicio. Una herramienta de visualización, la integración de bases de datos y una estrategia de gobierno de información son problemas tecnológicos diferentes. Sin embargo, nuevamente aparece una cuestión que rara vez puede observarse mirando cada contratación por separado: cuánto lleva invertido el organismo durante todo el ciclo y cuánto de esa capacidad puede desarrollar actualmente con recursos propios.
Ese análisis es particularmente importante en tecnología porque el costo de un sistema no termina cuando se lo compra. Después vienen mantenimiento, actualizaciones, seguridad, integración con otras plataformas y nuevas funcionalidades. Si para cada etapa resulta necesario volver a recurrir al proveedor o contratar nuevos especialistas externos, la inversión inicial es apenas una parte del costo real.
Girard, al frente del proyecto
El esquema tampoco funciona por fuera de ARBA. El director ejecutivo de la Agencia, Cristian Girard, fue designado Director Nacional del ARG/22/013, mientras que distintas áreas del organismo participan en la definición y ejecución de sus necesidades tecnológicas.
Por eso, presentar las contrataciones simplemente como procesos del PNUD dejaría afuera una parte importante de la historia. La estructura internacional funciona como vehículo para ejecutar el proyecto, pero las necesidades tecnológicas siguen siendo de ARBA, los recursos son mayormente gubernamentales y los sistemas contratados deben terminar funcionando dentro de la Agencia.
Después de más de tres años, por lo tanto, el resultado del programa debería poder evaluarse no solamente por las compras realizadas sino por las capacidades que dejó instaladas: qué sistemas mejoraron, qué procesos se aceleraron, cuánto conocimiento se transfirió y qué tareas que antes necesitaban asistencia externa pueden resolver ahora los propios equipos.
La Provincia tecnológica de dos velocidades
El nuevo decreto de Kicillof termina funcionando como una fotografía de esa tensión. Por un lado, la Provincia sigue corrigiendo el mecanismo diseñado para reconocer económicamente a sus informáticos, con expedientes y situaciones laborales que todavía necesitaron ser contemplados durante 2026. Por otro, existen programas capaces de movilizar millones de dólares para contratar tecnología y conocimiento especializado.
No son gastos necesariamente incompatibles. La Provincia necesita comprar tecnología y probablemente seguirá necesitando consultoras privadas. Pero también necesita trabajadores propios capaces de controlar, mantener y evolucionar aquello que compra.
Incluso el avance hacia herramientas de código abierto permite entender el problema. Migrar desde una plataforma propietaria hacia soluciones como Keycloak o midPoint puede reducir la dependencia de un fabricante. Pero si después el Estado necesita contratar permanentemente especialistas externos para administrar esas herramientas, la dependencia no desaparece completamente: cambia de proveedor por dependencia de conocimiento.
Por eso, el dato de los USD 9,24 millones termina siendo apenas el comienzo de la discusión. ARBA dispone de un importante instrumento para financiar su modernización, con recursos mayormente bonaerenses y un mecanismo específico para ejecutarlos. La pregunta que queda después de cada consultoría es mucho más sencilla: cuánto de esos millones se transforma en tecnología que el Estado puede manejar por sí mismo.
Y el Decreto 1271/2026 agrega una segunda pregunta, todavía más incómoda: si uno de los problemas reconocidos por la propia Provincia es la dificultad para conservar especialistas, por qué parece resultar más sencillo financiar la contratación de conocimiento afuera que terminar de consolidarlo adentro.
