Las advertencias sobre posibles ciberataques contra Argentina comenzaron a multiplicarse en las últimas semanas en medio de un escenario internacional cada vez más tenso y un crecimiento sostenido de amenazas digitales sobre gobiernos e infraestructura crítica. El tema volvió a instalar una pregunta incómoda: qué tan preparado está el Estado argentino —y particularmente la Provincia de Buenos Aires— para enfrentar un ataque informático de gran escala.
Uno de los focos de alerta surgió tras informes y publicaciones que advirtieron sobre riesgos de ataques cibernéticos vinculados al contexto geopolítico internacional y a posibles operaciones contra infraestructura estatal. En paralelo, reportes recientes de empresas especializadas en ciberseguridad muestran que Argentina atraviesa un aumento sostenido de incidentes digitales, con crecimiento del ransomware y nuevas amenazas asociadas al uso de inteligencia artificial.
Según datos difundidos por Check Point Research, las organizaciones argentinas registran actualmente más de 2400 intentos de ciberataques semanales por organización, una cifra que vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad de sistemas públicos y privados.
En la Provincia de Buenos Aires, donde gran parte de la administración pública funciona sobre plataformas digitales centralizadas, el tema genera especial preocupación. Expedientes electrónicos, sistemas de salud, bases tributarias, registros administrativos, plataformas de infracciones y redes de gestión estatal forman parte de una estructura tecnológica gigantesca que sostiene buena parte del funcionamiento cotidiano del Estado bonaerense.
El problema, advierten especialistas del sector, es que gran parte de esa infraestructura convive todavía con sistemas heredados, procesos fragmentados y distintos niveles de actualización tecnológica. La digitalización avanzó fuerte durante los últimos años, pero la inversión en resiliencia digital y ciberseguridad no siempre evolucionó al mismo ritmo.
“Hoy el mayor riesgo no es solamente que te roben información. El verdadero problema es la posibilidad de que un ataque afecte operativamente servicios críticos del Estado”, explicó a TECNOPBA una fuente técnica vinculada a áreas de ingeniería informática que trabajan sobre infraestructura pública bonaerense.
La preocupación crece porque muchos de esos sistemas administran información sensible de millones de personas y sostienen funciones esenciales para municipios, organismos provinciales y dependencias descentralizadas. Un ataque exitoso podría impactar sobre trámites, recaudación, servicios sanitarios o capacidad operativa del propio Estado.
En paralelo, el avance de herramientas de inteligencia artificial también empieza a modificar el escenario. Las nuevas plataformas permiten automatizar ataques, detectar vulnerabilidades más rápido y ejecutar ofensivas a gran escala con costos mucho menores que hace algunos años.
“La Provincia avanzó muchísimo en digitalización, pero cuanto más digital es un sistema, más importante se vuelve la protección de la infraestructura que lo sostiene”, agregó la misma fuente.
A nivel global, gobiernos y empresas comenzaron a tratar la ciberseguridad como un problema estratégico vinculado directamente a infraestructura crítica y soberanía tecnológica. Ya no se discute solamente protección de datos: se discute continuidad operativa, capacidad de respuesta y funcionamiento institucional frente a amenazas que pueden paralizar sistemas enteros.
