La Ley Ema avanza en Diputados con protocolos, capacitación y ciudadanía digital para enfrentar el ciberacoso y los nuevos riesgos de la inteligencia artificial. El problema es real, pero la respuesta expone una contradicción: la Provincia pretende intervenir sobre deepfakes, plataformas globales y evidencia digital desde un Estado que todavía tiene dificultades para retener especialistas, integrar sus propios sistemas y completar su transformación tecnológica.
La Legislatura bonaerense encontró una respuesta para los deepfakes, el ciberacoso y las nuevas formas de violencia digital: más protocolos, capacitación y contenidos educativos.
El problema es que la tecnología ya está varios pasos más adelante.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto conocido como Ley Ema, impulsado por la diputada de Unión por la Patria Mayra Mendoza, que propone incorporar la Ciudadanía Digital a la Ley de Educación Provincial N.º 13.688.
La iniciativa surge a partir de un problema dramático y concreto: el suicidio de Ema luego de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Y pretende avanzar sobre un fenómeno que las escuelas bonaerenses necesitan abordar.
Hasta ahí, la necesidad difícilmente pueda discutirse.
La discusión comienza con la respuesta.
Porque mientras la política incorpora términos como inteligencia artificial, privacidad, identidad digital y deepfakes a la legislación, el Estado que tendrá que convertir esas palabras en soluciones concretas sigue arrastrando problemas tecnológicos bastante más básicos.
Problemas de 2026, respuestas de otra época
La violencia digital cambió radicalmente.
El bullying ya no necesariamente termina cuando un alumno cruza la puerta de la escuela. Puede continuar durante toda la noche, desde una casa, en un grupo privado de WhatsApp o mediante una cuenta anónima.
Y la inteligencia artificial generativa volvió todavía más complejo ese escenario.
Ya ni siquiera hace falta que exista una fotografía comprometedora para difundirla.
Puede fabricarse.
Una voz puede clonarse. Una conversación puede adulterarse. Una persona puede aparecer en un video protagonizando algo que nunca ocurrió.
La diferencia es fundamental: la tecnología ya no sirve solamente para distribuir una agresión, también permite fabricar el contenido utilizado para producirla.
Frente a ese escenario, la Ley Ema propone actualizar guías escolares, capacitar docentes, promover el uso ético de la inteligencia artificial y establecer protocolos para resguardar evidencia digital y contener a las víctimas.
Son herramientas necesarias.
Pero están lejos de constituir una respuesta tecnológica.
Un deepfake no se resuelve con una circular
El ejemplo más claro aparece con la preservación de evidencia.
¿Qué debe hacer una escuela cuando circula una imagen falsa de un estudiante?
Guardar el archivo puede ser el primer paso. Determinar qué es ese archivo es otra historia.
Una fotografía puede estar editada parcialmente o ser completamente sintética. Un audio puede ser auténtico o generado mediante clonación de voz. Una captura de pantalla puede haber sido manipulada.
En ese punto, el problema deja de ser estrictamente educativo.
Empieza a requerir conocimientos sobre ciberseguridad, identidad digital, metadatos, preservación de evidencia y eventualmente análisis forense informático.
Un director escolar no tiene por qué poseer esas capacidades.
Un docente tampoco.
Por eso, detrás del protocolo necesariamente debería existir una estructura tecnológica capaz de responder cuando el problema exceda a la escuela.
Y es allí donde la iniciativa empieza a chocar contra una debilidad mucho más profunda del Estado bonaerense.
El Estado necesita tecnológicos, pero tiene problemas para retenerlos
Buenos Aires necesita cada vez más desarrolladores, administradores de infraestructura, especialistas en datos, ciberseguridad e inteligencia artificial.
Al mismo tiempo, el Estado tiene dificultades históricas para competir con el mercado privado por esos perfiles.
Y durante los últimos años esa tensión empezó a hacerse visible puertas adentro.
Los trabajadores informáticos provinciales vienen discutiendo el reconocimiento de sus funciones y los cambios introducidos sobre su régimen laboral. En ARBA, por ejemplo, el conflicto llegó a medidas de retención de tareas mientras el organismo exhibe hacia afuera sus capacidades de inteligencia fiscal y modernización tecnológica.
La contradicción resulta cada vez más evidente: el Estado necesita más conocimiento tecnológico, pero no termina de resolver cómo cuidar el que ya tiene.
A eso se suma otra tendencia: cuando la capacidad interna no alcanza, aparecen proveedores y consultorías.
ARBA vuelve a ofrecer un ejemplo. Mientras sus informáticos reclaman reconocimiento, parte de su transformación tecnológica avanza mediante contrataciones externas vinculadas con arquitectura, mainframe, integración y explotación de datos.
La tercerización no es necesariamente negativa. Sistemas de semejante complejidad requieren proveedores especializados.
Pero existe una pregunta estratégica que atraviesa a todo el Estado provincial: cuánto conocimiento tecnológico debe comprar afuera porque no consiguió desarrollarlo o retenerlo adentro.
Ahora la Provincia pretende sumar otra capa de sofisticación.
La tentación de convertir tecnología en burocracia
Hay además un riesgo que excede a la Ley Ema.
El Estado suele responder a problemas nuevos con herramientas conocidas: programas, protocolos, capacitaciones, convenios, observatorios, estructuras administrativas y partidas presupuestarias.
La tecnología requiere otra cosa.
Requiere conocimiento actualizado permanentemente.
Si la implementación de la ley termina convertida en jornadas de capacitación, manuales institucionales y nuevos circuitos administrativos sin equipos capaces de intervenir sobre problemas digitales concretos, la Provincia habrá creado burocracia sobre tecnología sin construir capacidad tecnológica.
Y ese será uno de los aspectos que habrá que seguir si el proyecto continúa avanzando.
Quién capacitará.
Quién desarrollará los contenidos.
Qué organismos asumirán las nuevas funciones.
Qué estructuras serán necesarias.
Qué proveedores eventualmente participarán.
Y qué presupuesto demandará todo ese entramado.
No porque capacitar o invertir sea innecesario, sino porque en nombre de problemas indiscutiblemente sensibles también pueden construirse estructuras costosas cuya eficacia después resulta difícil de medir.
Mayra Mendoza y una ley que promete más de lo que controla
El proyecto impulsado por Mendoza también enfrenta un límite que ninguna ley provincial puede eliminar: el territorio sobre el cual pretende intervenir no pertenece al Estado bonaerense.
Buena parte de estos conflictos ocurre en WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram y otras plataformas privadas.
La Provincia no controla sus servidores.
No define sus algoritmos.
No establece sus políticas de moderación.
Tampoco puede impedir que una imagen guardada en cientos de teléfonos vuelva a circular después de haber sido eliminada de una plataforma.
Durante el tratamiento en comisión apareció una corrección importante.
A propuesta de la diputada del PRO María Sotolano se incorporó el concepto de corresponsabilidad activa, delimitando las competencias de las escuelas y distribuyendo responsabilidades entre Estado, familias, Justicia, sistema sanitario y compañías tecnológicas.
La modificación reconoce una realidad que el proyecto original necesitaba contemplar: la escuela no puede convertirse en policía digital de lo que hacen sus estudiantes las 24 horas.
La velocidad es el verdadero problema
La mayor dificultad, sin embargo, puede ser otra.
Una ley bonaerense necesita atravesar comisiones, Diputados, Senado, promulgación, reglamentación, presupuesto e implementación.
Una tecnología necesita una actualización.
Para cuando los docentes terminen de capacitarse sobre determinada generación de deepfakes, probablemente las herramientas disponibles sean mejores.
Para cuando un protocolo incorpore una plataforma, los adolescentes pueden haberse trasladado a otra.
Y para cuando el Estado consiga definir cómo reconocer determinado contenido sintético, los modelos capaces de producirlo habrán vuelto a evolucionar.
La distancia entre ambos ciclos es enorme.
La burocracia trabaja en años. La inteligencia artificial, en semanas.
Una buena causa no garantiza una buena política tecnológica
La Ley Ema todavía deberá atravesar la Comisión de Legislación General antes de llegar al recinto de Diputados y eventualmente continuar su recorrido en el Senado.
La Libertad Avanza fue el único espacio que no acompañó el dictamen en Educación, mientras el PRO logró incorporar modificaciones al alcance de las responsabilidades institucionales.
Reducir la discusión a esa pelea partidaria sería perder de vista lo importante.
La violencia digital necesita respuestas.
Las escuelas necesitan herramientas.
Y los estudiantes necesitan protección frente a fenómenos que hace apenas unos años ni siquiera existían.
Pero una buena causa no garantiza automáticamente una buena política pública.
La Provincia puede sancionar protocolos, agregar contenidos a la currícula y capacitar docentes. Puede incluso crear nuevos programas y destinar recursos.
Lo verdaderamente difícil es construir detrás de todo eso capacidad tecnológica estatal.
Porque mientras la política bonaerense empieza a legislar sobre deepfakes e inteligencia artificial, el Estado todavía discute cómo retener a sus informáticos, cómo integrar sistemas heredados y cuánto conocimiento tecnológico termina comprando afuera.
Ese es el contraste que deja la Ley Ema.
Problemas digitales cada vez más sofisticados enfrentados con las recetas tradicionales de un Estado que todavía no terminó de dejar de ser analógico.
